Estas movilizaciones han surgido de parte de estudiantes que rechazan el sistema educacional chileno, que provee una amplia participación del sector privado respecto a la del Estado. Actualmente, solo el 25% del sistema educativo es financiado por el Estado, mientras que los estudiantes aportan el otro 75%. Este sistema fue originado durante la dictadura de Augusto Pinochet a lo largo de los años 1980 finalizando con la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza tres días antes de entregar el poder. Esta ley dejó al Estado en un rol regulador, delegando gran parte de la enseñanza al sector privado. Tras la movilización de 2006, conocida como la "Revolución pingüina", la LOCE fue reemplazada en 2009 por la Ley General de Educación, que no trajo cambios significativos a la ley anterior.
Las primeras movilizaciones nacionales fueron convocadas por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), organismo que agrupa a las federaciones de estudiantes de las universidades que integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas —conocidas como "tradicionales"— a mediados de mayo de 2011. Los principales voceros del movimiento universitario han sido Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) y Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC). Paulatinamente, estudiantes secundarios se sumaron a las movilizaciones y comenzaron a realizar tomas en sus colegios, repitiendo las acciones de la "Revolución pingüina". Representando a los estudiantes de Educación Media está la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). A medida que la movilización fue creciendo, se han incorporado por primera vez estudiantes de colegios particulares pagados, Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) y universidades privadas, es decir, a miembros de casi todo el sistema educacional chileno.
Durante el mes de junio, los estudiantes convocaron a sucesivas marchas en las principales ciudades de Chile, alcanzando gran convocatoria y demandando reformas al sistema educacional chileno que fortalecieran el rol del Estado en la educación. Luego de un mes de paralizaciones, el gobierno decidió presentar su primera propuesta entregando un nuevo fondo para la educación y facilitando el acceso a créditos universitarios. Las principales organizaciones rechazaron la propuesta demandando medidas más de fondo. Sucesivas propuestas del gobierno han abierto la posibilidad de reformas al sistema, como la desmunicipalización de la educación secundaria o un cambio constitucional que asegure la calidad en la educación, pero no han sido consideradas suficientes por los estudiantes.
El movimiento ha sido considerado como uno de los más fuertes desde el retorno a la democracia y, en conjunto con otras manifestaciones ocurridas durante el segundo año del gobierno de Sebastián Piñera, han sido interpretadas como parte de un movimiento social mayor que demanda reformas sustanciales al modelo económico y político establecido durante la dictadura militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990 y que se mantuvo por más de veinte años sin cambios sustanciales, con el fin de reducir la fuerte desigualdad de ingreso existente en el país. Luego de más de dos meses de paralizaciones, la movilización estudiantil cuenta con un fuerte respaldo de la ciudadanía, siendo sus principales demandas apoyadas por cerca de un 70% de la población. El gobierno, en tanto, entró en una crisis política que derivó en una caída histórica en la aprobación presidencial y la realización de un cambio de gabinete.
Demandas
Educación superior
El petitorio oficial de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en abril de 2011 presentaba las siguientes demandas:- Reforma al sistema de acceso a las universidades que asegure la igualdad de oportunidades
- Establecimiento de mecanismo de accesos complementarios a la Prueba de Selección Universitaria para personas de bajos recursos (como propedéuticos).
- Acreditación de instituciones incorporando atributos como transparencia institucional, libertad de cátedra, tolerancia y pluralismo.
- Garantizar condiciones de acceso y estudio para personas con discapacidad.
- Aumento del gasto público en educación superior:
- Entrega de fondos de libre disposición a universidades estatales.
- Fondo de revitalización de universidades tradicionales, de carácter único y con énfasis en instituciones regionales y estatales.
- Reestructuración de sistema de becas y créditos, asegurando becas completas a tres primeros quintiles y alternativas diferenciadas según capacidad de pago para cuarto y quinto quintil.
- Extensión de becas de mantención y alimentación para tercer quintil y parte del cuarto.
- Tarjeta Nacional Estudiantil gratuita y válida todo el año.
- Eliminación del aporte fiscal indirecto (AFI).
- Participación estatal en instituciones de educación técnica profesional.
- Democratización del sistema de educación superior:
- Derogación de arts. 56.e, 67.e y 75.e del DFL 2 de 2010, que prohíben la participación de estudiantes y funcionarios en órganos administrativos de las instituciones de Educación Superior.
- Participación triestamental en todas las instituciones de educación superior.
- Asegurar libertades de expresión, cátedra y asociación de estudiantes, docentes y trabajadores en todas las instituciones educacionales.
- Regulación estatal que haga efectiva la prohibición del ánimo de lucro en instituciones de educación superior según lo establecido por la ley vigente.
- Educación superior gratuita que asegure el derecho a la educación.
- Reforma tributaria que sustente el aumento del gasto público en educación.
- Renacionalización del cobre para financiar gratuidad.
- Convocatoria a una asamblea constituyente para reformar la actual Constitución.
- Igualar las condiciones del CAE con las del Fondo Solidario del Crédito Universitario.
- Sistema único de Becas para alumnos de IP, CFT y universidades.
- Creación de un AFI técnico, que considere la realidad de las instituciones de educación superior técnico-profesional (ESTP).
- Igualar las condiciones de postulación para los fondos de desarrollo para todas las IES.
- Más y mejor información respecto al proceso y los resultados de la acreditación institucional.
- Equipo de pares y expertos evaluadores de ESTP, nacionales e internacionales.
- Modificación al sistema de títulos y grados, de acuerdo a las características de cada área.
- Entrega de la TNE e información completa de parte del Ministerio para todos los alumnos a fines de marzo.
Educación secundaria
Entre los puntos exigidos por los estudiantes de educación media están:- Reforma constitucional con objetivo de fijar el derecho a la educación por sobre la libertad de enseñanza, además de establecer un Estado que garantice una educación igualitaria, gratis y de calidad por igual en todos los establecimientos del país.
- Desmunicipalización y estatización de la educación en general, optando por un margen restante a privados pero sin fines de lucro.
- Una malla curricular estandarizada e igual para todos los colegios estatales del país.
- Derogación de la Ley General de Educación (LGE), cambiando la institucionalidad de la educación pública.
- Tarifa estudiante en el transporte público mediante la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) los 365 días del año, con un formato único a nivel nacional y con un precio único a nivel regional y aplicado realmente.
- Plan para la reconstrucción de los establecimientos dañados por el terremoto de 2010, estableciendo prioridades entre los establecimientos más afectados.
- Mejoras para los liceos técnico-profesionales, dando mayor protección a estudiantes en práctica y fiscalización de éstas, asegurando su trabajo, un sueldo base mínimo del 80% del sueldo mínimo y mejoras en su implementación educacional.
